¿Se pueden adjudicar bienes privativos en virtud de convenio regulador (separación) liquidatorio de sociedad de gananciales?

¿Qué es la liquidación de una sociedad de gananciales? ¿Cuándo se puede liquidar? ¿Qué es un convenio regulador? ¿Puede, en virtud de convenio regulador, adjudicarse una finca privativa en la liquidación de la sociedad de gananciales?

La Resolución desde el punto de vista del “tracto sucesivo”.

Este post comprende el análisis de la Resolución de la DGRN de fecha 4 de septiembre de 2014  (texto de la resolución) en relación con la doctrina sentada por la DGRN en sus resoluciones de fecha 11 de abril y 7 de julio de 2012.

A pesar de que en la resolución analizada se aborde el tema desde el principio de “Legalidad” nosotros vamos a encarar su estudio desde el principio de “tracto sucesivo”.

Uno de los principios registrales que rigen el Registro de la Propiedad es el que comúnmente denominamos “tracto sucesivo” y viene definido por el artículo 20 de la Ley Hipotecaria:

“Para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos. En el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, los Registradores denegarán la inscripción solicitada.”.

Este principio nos viene a decir que, para inscribir el dominio de mi casa en el Registro de la Propiedad, antes, como norma general (existen excepciones y procedimientos de reanudación del tracto), debe constar inscrito el mismo a favor de quién me lo transmite, produciéndose así una cadena que no debe interrumpirse.

También hemos visto en el post sobre “adquisiciones con carácter ganancial” que una sociedad de gananciales es una sociedad civil como tal, y que los derechos y obligaciones (incluido el dominio de una finca) que le pertenezcan son de dicha sociedad y NO de los cónyuges por mitades.

Enlazando estos dos conceptos, el del tracto sucesivo y el de la propiedad por parte de una sociedad de gananciales, nos encontramos un caso verdaderamente curioso: cuando llegan las (terribles) separaciones y (odiosas) liquidaciones de dichas sociedades de gananciales.

Y es el caso en el que la vivienda habitual que ocupaba la familia y el feliz matrimonio, fue adquirido en pro-indiviso mediante un condominio, o incluso pertenecía a uno sólo de los cónyuges.

La cosa se complica si además dicha casa, aunque privativa de los cónyuges en pro-indiviso, realmente fue pagada con dinero ganancial.

Es habitual que una pareja de novios decida comprar su vivienda antes de contraer matrimonio. En ese caso la casa suele quedar inscrita POR MITAD y EN PROINDIVISO (por haberla adquirido ambos en dicha proporción) o en  algún otro pro-indiviso.

También es habitual que dicha pareja de novios, al poco tiempo se case y que por tanto, la posible financiación o hipoteca que solicitaron para su compra, sea pagada desde entonces con dinero ganancial.

¿Qué sucede si una pareja dueña por mitad y proindiviso de una finca, se separa o se divorcia?

Cuando una pareja casada en régimen de gananciales se separa se debe realizar lo que denominamos “Liquidación de la Sociedad de Gananciales” que no es más que hacer un inventario de los BIENES que posee la sociedad de gananciales y hacerlos “líquidos” es decir, dinero, adjudicándolos en pago de dicha liquidación.

Con casi todos los bienes gananciales esto no conlleva una especial complejidad, pero el problema se nos empieza a plantear con la “Vivienda Familiar” o si, como en el caso planteado en la resolución, se pretende compensar dentro de esta liquidación con bienes privativos.

Con ella suele suceder alguno de estos casos:

  • O se adjudica la vivienda a uno de los cónyuges (normalmente el que debe cuidar de los niños en la separación), compensando el cónyuge adjudicatario con dinero u otros bienes (o asumiendo deudas de la propia vivienda y por tanto liberando de ellas) al otro cónyuge.
  • O se adjudica la vivienda en pro-indiviso a favor de los cónyuges ya separados, atribuyendo el uso y disfrute, normalmente, al que queda al cuidado de los menores si los hubiere.

La adjudicación de bienes privativos en liquidación de sociedad de gananciales

Sin embargo hemos expresado anteriormente que el Registro de la Propiedad debe regirse por el principio establecido en el Art. 20 de la Ley Hipotecaria, o tracto sucesivo, y por tanto se plantea un problema: ¿cómo podemos adjudicar un bien que era privativo, en la liquidación de una sociedad de gananciales, si NO pertenecía a dicha sociedad de gananciales?

Es una buena pregunta. La respuesta es simple, clara, diáfana y jurídicamente coherente: NO SE PUEDE.

Para poder incluir en la liquidación de una sociedad de gananciales una finca privativa, ANTES debe de haber algún título por el que se haya atribuido a dicha finca privativa el carácter de ganancial. O, como indica la resolución estudiada, constituir esa compensación de bienes privativos un negocio jurídico DISTINTO que la propia liquidación.

Sin embargo la DGRN, en las Resoluciones citadas de 11 de abril y 7 de julio de 2012, que hemos indicado, ha resuelto que existe un caso en el que la atribución de dicha ganancialidad está implícita: Es el caso de la vivienda habitual. En este caso la DGRN en la resolución estudiada:

“ha entendido que forma parte de las operaciones de liquidación la atribución de la vivienda familiar incluso en el supuesto de que su titularidad pertenezca por mitades a los cónyuges por adquisición realizada antes del matrimonio, pues en este supuesto su evidente afección a las necesidades del matrimonio justifica sobradamente su inclusión junto a los bienes adquiridos constante el régimen matrimonial”

Analicemos un poco la resolución en los dos párrafos siguientes, esclarecedores al respecto:

“Pero fuera de este supuesto las transmisiones adicionales de bienes entre cónyuges, ajenas al procedimiento de liquidación (y tales son, en vía de principios, las que se refieren a bienes adquiridos por los cónyuges en estado de solteros no especialmente afectos a las cargas del matrimonio), constituyen un negocio independiente, que exige acogerse a la regla general de escritura pública para su formalización. En definitiva, la diferente causa negocial, ajena a la liquidación del patrimonio común adquirido en atención al matrimonio, y las exigencias derivadas del principio de titulación auténtica, unidas a la limitación de contenido que puede abarcar el convenio regulador, según doctrina reiterada (vid. «Vistos»), deben resolverse a favor de la exigencia de escritura para la formalización de un negocio de esta naturaleza.”

 “No quiere decir lo anterior que los cónyuges, en ejercicio de su libertad civil, no puedan incluir en un único convenio la liquidación del conjunto de sus relaciones patrimoniales, tanto las derivadas de la celebración del matrimonio como cualesquiera otras que pudieran existir entre ellos; incluso puede decirse que con ocasión de la ruptura es lógico y posible que así lo deseen. Pero en este supuesto y como reiteradamente ha sostenido este Centro Directivo, el hecho de que el convenio contenga un conjunto de acuerdos que excedan de su contenido legal impone su discriminación a efectos de decidir lo que puede como tal acceder al contenido del Registro y lo que no. La aprobación de lo que constituye el contenido legal del convenio no puede servir de cauce formal para otros actos que tienen su significación negocial propia, cuyo alcance y eficacia habrán de ser valorados en función de las generales exigencias de todo negocio jurídico y de los particulares que imponga su concreto contenido y la finalidad perseguida.”

Estos grandilocuentes párrafos nos vienen a indicar la postura de la DGRN ante la adjudicación judicial de bienes privativos en convenio regulador:

  • Son perfectamente liquidables como contraprestación en la liquidación de la sociedad de gananciales, aunque el título judicial puede ser inscribible o no.
  • El título judicial aprobatorio del convenio regulador de una separación, en el que se adjudican bienes privativos liquidando la sociedad de gananciales, es inscribible CUANDO el bien privativo sea la vivienda habitual o resulte claramente su afección a la sociedad de gananciales.
  • El título judicial NO es inscribible CUANDO el bien privativo no sea la vivienda habitual o NO resulte claramente su afección a la sociedad de gananciales.

En este último caso lo que se exige es ESCRITURA PUBLICA en el que se formalice el acto por el que dicho bien deba ser parte de la liquidación de la sociedad de gananciales (como por ejemplo una aportación o reconocimiento de ganancialidad).

Por todo ello hace especial hincapié la resolución estudiada en que lo que analiza es el “principio de legalidad” (es decir le preocupa que el título inscribible sea el auto judicial o escritura si no es vivienda habitual), obviando de una forma evidente el principio vulnerado en este caso que es el de “tracto sucesivo”.

Cabría analizar por qué las parejas que se separan incluyen bienes privativos en la liquidación de la sociedad de gananciales y no formalizan previamente la asunción de la ganancialidad o compensación en la liquidación de los mismos, y por qué la DGRN permite este hecho jurídicamente atroz en el caso de la vivienda habitual.

Estoy convencido de que llegaríamos a la -poco sorprendente- conclusión que NO es por tener la convicción jurídica de que se está haciendo lo correcto o que jurídicamente sea posible (algo erróneo pues estamos liquidando el principio de “tracto sucesivo”).

Más bien estoy por afirmar que se debe a los costes (notariales, registrales y sobre todo IMPOSITIVOS) de realizar dicho acto. ¿Alguna duda al respecto?

Desde mi punto de vista la solución no pasa por crear excesiva burocracia a las partes (es decir la exigencia que hace la DGRN de escritura pública previa al ser un acto negocial fuera del ámbito judicial) cargándose el principio jurídico de “tracto sucesivo” sino más bien pasa por ser más honestos, reconocer que el problema es burocrático y económico, y cumplir con el Derecho (tracto sucesivo) eliminando los costes de dicho negocio jurídico ajeno al proceso judicial, o incluso prever por Ley que el mismo se pueda realizar en el propio ámbito judicial y que sea inscribible.

Al menos se esa forma los futuros ex-cónyuges podrían acabar con la liquidación de su sociedad de gananciales sin más costes y sin peligrosas sorpresas “registrales”.

Enjoy!!!

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Un comentario

  1. Pedro Rincón de Gregorio · · Responder

    Querido Ostinus, en esta ocasión me permito discrepar de algunas afirmaciones que haces en tu post. Nada como el debate jurídico 😉

    Afirmas que la sociedad de gananciales es una sociedad civil y titular de derechos y obligaciones. Estoy rotundo desacuerdo con esa afirmación. Los bienes gananciales tienen muchas particularidades jurídicas (la idea de comunidad germánica), pero desde luego no tiene personalidad jurídica como sí la tendría una sociedad civil. Prueba de ello, además del 1367 CC, son los 93 y 94 RH, que en todo caso requiere inscripción a favor de uno o de los dos cónyuges. Si fuese una verdadera sociedad civil, nada impediría la inscripción a nombre de la misma.

    Como consecuencia de esto que defiendo, el problema de la adjudicación de bienes privativos en una liquidación de la sociedad de gananciales no es un problema de tracto, como afirmas, sino tan sólo de legalidad.
    La liquidación de la sociedad de gananciales excede en su contenido de la pura disolución de esa ganancialidad, como resulta del artículo 90 CC. En la liquidación es admisible incluso, por ejemplo, acuerdos compensatorios, que impliquen donaciones de bienes privativos (o cuotas de los mismos). La DGRN no niega que esos pactos sean válidos, que desde luego lo son, sino que esos acuerdos exceden normalmente del contenido propio del convenio regulador a los efectos de su inscripción , exigiendo escritura pública por aplicación del 633 CC. La excepción que suele resultar de su doctrina, cuando se trata de la vivienda habitual, por entender esta operación íntimamente ligada a la liquidación de la sociedad conyugal.

    No existe un problema de tracto: Si la vivienda habitual en proindiviso se adjudica en su totalidad a uno de ellos, subyace una donación admitida dentro de los acuerdos de liquidación, (a modo de compensación normalmente) y accesible al RP. Fuera de ese supuesto, la DGRN exige escritura pública, que será de donación pues es esta es la causa última de la transmisión, con independencia de que sea parte o no de un acuerdo más amplio.

    Aun intentado ser breve, creo que no lo he conseguido.

    Un abrazo.

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